En riesgo, el sistema penitenciario

Violencia intrafamiliar, padres drogadictos, hijos ladrones, pobreza, marginación y reclusión, jueces desconocidos, abogados de oficio ineficientes, penales sobrepoblados, hacinamiento, falta de alimentos y servicios médicos ponen en riesgo el sistema penitenciario del Distrito Federal.

En la capital del país hay más de 40 mil presos que cumplen sus penas en condiciones absolutamente inhumanas y degradantes, en instalaciones construidas para diez mil y después ampliadas para 20 mil.

Ante esa cruda realidad, de las ocho mil quejas que recibe al año la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, seis mil tienen su origen en problemas con el sistema penitenciario.

Por ello, el ombudsman capitalino Luis González Placencia y los investigadores Marcelo Bergman y Elena Azaola hicieron un llamado de atención a las autoridades ante la urgente necesidad de repensar el sistema penitenciario, basado en el derecho penal del enemigo.

Al presentar los resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), alertaron sobre los riesgos de mantener el mismo paradigma, el cual no sólo no frena el delito sino que lo potencia.

"Vemos un sistema muy poco racional, muy poco humano y muy poco apegado a las normas. Este sistema no está funcionando. La mitad de los internos es reincidente y la gran mayoría está en la cárcel porque son pobres", alertó Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

De acuerdo con el sondeo, el 28 por ciento de los mil 300 internos encuestados se fueron de sus casas alguna vez antes de cumplir 15 años, de los cuales el 50 por ciento lo hicieron por problemas o por violencia en la familia.

El 41 por ciento dijeron que sus padres consumían alcohol frecuentemente durante su infancia, y 6 por ciento, drogas.

Entre los recientemente admitidos, el 65 por ciento están recluidos por robo, de los cuales la mitad son por hurtos de menos de cinco mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos o menos.

El 80 por ciento de los detenidos nunca pudo hablar con el juez y el 60 por ciento de los internos que tuvo su primer abogado de oficio lo cambió porque sintió que no hizo nada para defenderlo.

Además, el 70 por ciento considera que la cantidad de alimentos provista en los penales es insuficiente y de mala calidad, y alrededor del 65 por ciento reporta no recibir atención médica cuando se enferma.

Ante ello, Azaola invitó al jefe del gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard a pasar un día en prisión para que sepa lo que es recibir un castigo irracional y nada inteligente.

Cambios de fondo

Marcelo Bergman, investigador del CIDE, puso énfasis en que construir un mayor número de cárceles -como lo han planteado las autoridades capitalinas- no representa una solución al problema penitenciario que se vive en la ciudad.

De lo que se trata, agregó, es de pensar en sistemas alternativos y, sobre todo, reflexionar sobre el sentido que tiene meter a la cárcel a diez mil personas por haberse robado 200 pesos o por vender mariguana con un costo de cien pesos.

Para el ombudsman capitalino Luis González Placencia, a mayor sobrepoblación, existe un mayor deterioro en las condiciones de vida y mayor problemática de gobernabilidad dentro de las prisiones, por lo que se corren múltiples riesgos.

"Vale la pena pensar que en la prisión es donde se refleja toda la problemática del sistema penal y procesal que tenemos ahora en México y en la ciudad. Pero la solución no necesariamente está ahí.

"Por supuesto que las autoridades penitenciarias tienen que hacer todo lo posible para disminuir los riesgos, pero también es importante ver reformas al Código Penal y las reformas al Código Procesal para evitar que más gente esté llegando a prisión", consideró.

De igual manera, el ombudsman considera es necesario impulsar la aplicación de la reforma constitucional en materia penal, la cual incluye la figura de un juez de ejecución, elemento importante para generar seguridad jurídica dentro de la prisión.


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